Los pueblos mixtecos y el Plan de Ayala

Cuando Emiliano Zapata, el Comandante General del Ejército Libertador del Sur, se dirigió a todos los revolucionarios reunidos en Ayoxuxtla aquel 27 de noviembre de 1911 para que, si no tenían miedo, pasaran a firmar el Plan de Ayala, entre los que se pusieron de pie y avanzaron hacia la mullida mesa sobre la cual se hallaba el mencionado documento, se encontraban cuatro mixtecos: el general Jesús Morales, originario del municipio de Petlalcingo,  Puebla, conocido entre su gente como "el Tuerto" Morales, por la falta de un ojo que había perdido de niño en una riña callejera; el capitán Francisco Mendoza, de el Organal, Chietla y Catarino Mendoza y Amador Acevedo, de Huauchinantla.

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Los pueblos mixtecos en la guerra de Independencia

El descontento de los pueblos mixtecos por trescientos años de colonización encontró el momento para manifestarse con mucha fuerza aquel15 de septiembre de 1810, cuando el cura y Costilla llamó a todos los pueblos de la Nueva
Miguel Hidalgo España a luchar para independizarse de la corona española. Muchos pueblos indígenas lo siguieron, porque a pesar de ser criollo pensaba como ellos, o al menos eso se decía: que la esclavitud debía desaparecer, que las tierras debían ser devueltas a sus legítimos dueños, los pueblos indígenas; que éstos debían gobernarse por sí mismos, entre otras propuestas. Los habitantes de numerosos pueblos se unieron a su grupo y lucharon juntos porque creían que esta vez sí se les iba a tomar en cuenta.

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Administración de justicia por autoridades indígenas en Oaxaca

El reconocimiento de la existencia de los sistemas normativos indígenas y su validez para la resolución de conflictos y, en general, para la organización de su vida social interna, es un derecho y una demanda específica de los pueblos indígenas bastante añeja que apenas comienza a incorporarse en algunas legislaciones internacionales y  nacionales,  incluido el Estado Federal mexicano. Aunque con bastantes limitaciones , la legislación del Estado de Oaxaca (que forma parte del la federación mexicqna) los ha reconocido, con lo cual comienza a pagar la deuda  histórica que  en  este  aspecto  guarda  con  sus pueblos indígenas, por haber sido el primero en Latinoamérica en incorporar los principios del Código Civil napoleónico, donde se estatuye que
«Contra la observancia de la ley no
puede alegarse desuso, costumbre o

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El derecho a la alimentación en la legislación mexicana

El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental. Lo es, tanto porque satisface necesidades básicas de los seres vivos, en este caso los seres humanos, sin lo cual no podrían existir, como porque así lo reconocen diversos documentos jurídicos de derecho internacional y del derecho mexicano. La afirmación anterior, pareciendo tan obvia, tiene implicaciones que es necesario explicar. En primer lugar, conviene aclarar lo que desde un punto de vista jurídico se entiende como derecho humano fundamental, ya que en lenguaje común se le confunde con derecho humano; mientras, desde otra óptica, algunos lo equiparan a una garantía constitucional, siendo que se trata de tres categorías jurídicas distintas, con alcances diferentes cada una.

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Derechos territoriales y lucha por la autonomía: el caso de los ñuú savi (pueblo mixteco)

Dentro de los reclamos de los pueblos indígenas de México, la autonomía constituye el eje que los aglutina, y dentro de ésta, los territorios ocupan un lugar especial. La tierra y sus recursos naturales, la relación simbólica que guardan con ella, sus lugares sagrados e históricos y los mitos de origen, constituyen el espacio concreto en el que los pueblos indígenas existen y  crean sus estructuras sociales, políticas, económicas y culturales; las que les dan identidad y los diferencian del resto de la sociedad mexicana. De ahí que el control de sus territorios constituya la posibilidad  de mantenerse y desarrollarse sin dejar de ser lo que son. Por eso, cuando se ven amenazados por agentes externos a ellos responden de manera unitaria, olvidando conflictos internos, construyendo argumentos que se apoyan en la posesión histórica, títulos  primordiales,  resoluciones  presidenciales,  sentencias de los tribunales  agrarios, entre otros documentos .
En el caso específico del territorio de los ñuú savi o pueblo mixteco, la distribución

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DERECHOS INDÍGENAS EN MÉXICO

Como la mayoría de los Estados latinoamericanos el mexicano es un estado multicultural en donde conviven, además de la población mestiza, al menos 62 pueblos indígenas que en conjunto representan el 10% de la población nacional con 8. 701 688 habitantes repartidos por todo el territorio estatal y que en 803 de los 2.403 municipios en que se divide el país representan al menos el 30% de la población (Instituto Nacional Indigenista, 1993, p. 33). No obstante esa situación durante toda su historia el Estado se había asumido como si su composición fuera monocultural; reconociendo un sólo orden jurídico y diseñando sus instituciones en base a las necesidades de la población mestiza dominante. La negación de la existencia de los pueblos indígenas cerró la puerta a toda posibilidad del ejercicio diferenciado de los derechos humanos reconocidos por el orden internacional.

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DERECHO Y JUSTICIA E EL ESTADO DE OAXACA

El reconocimiento de la existencia de los sistemas normativos indígenas y su validez para la resolución  de  conflictos -y, en general, para la organización de su vida social interna- es un derecho y una demanda  específica  de los pueblos  nativos  latinoamericanos  bastante añeja que apenas  comienza  a incorporarse  en  algunas  legislaciones internacionales y nacionales, incluso en nuestro país. Un antecedente internacional de este reconocimiento lo constituye El Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, también conocido como Informe Martínez Cabos. Después una  amplia investigación  en diversas  partes  del mundo,  este documento,  desde  1987, concluía:

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DERECHO Y JUSTICIA E EL ESTADO DE OAXACA

El reconocimiento de la existencia de los sistemas normativos indígenas y su validez para la resolución  de  conflictos -y, en general, para la organización de su vida social interna- es un derecho y una demanda  específica  de los pueblos  nativos  latinoamericanos  bastante añeja que apenas  comienza  a incorporarse  en  algunas  legislaciones internacionales y nacionales, incluso en nuestro país. Un antecedente internacional de este reconocimiento lo constituye El Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, también conocido como Informe Martínez Cabos. Después una  amplia investigación  en diversas  partes  del mundo,  este documento,  desde  1987, concluía:

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Autonomías indígenas en América: de la demanda de reconocimiento a su construcción

Autonomías indígenas en América: de la demanda de reconocimiento a su construcción

Francisco López Bárcenas

La lucha por esta América Latina liberada, frente a las voces obedientes
de quienes usurpan su representación oficial, surge ahora con potencia
invencible, la voz genuina de los pueblos, voz que se abre paso desde las
entrañas de sus minas de carbón y estaño, desde sus fábricas y centrales azucareras,
desde sus tierras enfeudadas, donde rotos, cholos, gauchos, jíbaros,
herederos de Zapata y de Sandino, empuñan las armas de la libertad.
Ernesto Che Guevara
En respaldo a La declaración de la Habana, 1960

1. Tiempos de autonomías

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