Tres días antes de dejar el poder, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó en el Senado una iniciativa para modificar el contenido de la Ley Agraria, reformando 23 artículos, derogando cuatro e incorporando uno nuevo. En total, propuso al Congreso de la Unión 28 modificaciones a la Ley Agraria, con la finalidad de terminar con las pocas características de propiedad social que le quedaron al ejido desde que en 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se aprobó una nueva Ley Agraria. De entonces a la fecha la legislación se ha modificado en seis ocasiones, la mayor de ellas el 9 de julio de 1993, cuando se reformaron dieciséis artículos relacionados con los juicios agrarios. Todas las demás fueron para ajustar sus disposiciones a la realidad del campo y las políticas gubernamentales relacionadas con él.

Ahora la cosa es distinta. La iniciativa busca acabar con el ejido y convertirlo en propiedad privada, conservando sólo el nombre. La exposición de motivos es clara al respecto. En ella se afirma que el mercado de tierras no ha podido crecer debido a la falta de titulación de los derechos de propiedad entre los ejidatarios; de ahí, dice, que se justifique el otorgamiento del dominio pleno y absoluto de las tierras a sus legítimos poseedores. En esa misma parte de la iniciativa se critican las limitaciones que la actual ley establece para que las tierras ejidales puedan entrar al mercado, así como las condiciones para que sea posible. Finalmente, advierte que si los ejidatarios mantienen sólo el usufructo de las tierras, como hasta ahora, estas seguirán teniendo un valor menor en el mercado, comparado con el de la propiedad privada, y no podrán acceder a créditos para hacerlas producir.

El asunto es grave, porque la iniciativa claramente busca terminar con un régimen de propiedad de las tierras establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como bien se sabe, el Congreso Constituyente de 1917 estableció en el artículo 27 de la Carta Magna la propiedad originaria de las tierras y aguas en favor de la Nación, otorgándole la facultad de transmitirlas a los particulares, creando la propiedad derivada, que podía ser privada, pública y social, incluyendo dentro de esta última los ejidos y las comunidades agrarias. El rasgo distintivo de la propiedad social es que debía satisfacer las necesidades de las familias campesinas y por lo mismo era inalienable, imprescriptible e inembargable. Con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución y la aprobación de la Ley Agraria que lo regula, estos atributos se mantuvieron, pero se crearon mecanismos para suprimirlos si la asamblea y los ejidatarios así lo decidían.

Esos mecanismos son los que la iniciativa del Presidente de la República busca terminar. Para hacerlo, entre otras cosas, propone que los ejidatarios no sean poseedores sino propietarios de su parcela, con lo cual rompe la unidad del núcleo ejidal, pues no es concebible que dentro de una propiedad ejidal pueda existir una parcela privada; además, la asamblea general de ejidatarios pierde el control sobre las tierras del ejido, pues si las parcelas se convierten en propiedad de los ejidatarios podrán realizar cualquier acto de dominio sobre ellas sin necesidad de solicitar autorización de la asamblea. Ese es el centro de la iniciativa. Para eso se propone reformar varios artículos de la ley. Lo demás es retórica para encubrir los verdaderos objetivos.

Detrás de la iniciativa pueden verse los problemas que las empresas mineras, de energía eólica, turísticas y otras similares, igual que las instituciones estatales, están teniendo para ocupar las tierras de los ejidos y despojar a sus integrantes de su patrimonio. En los años recientes, los conflictos por renta de la tierra han crecido exponencialmente, debido a que no se ha informado a los ejidatarios de las consecuencias de hacerlo, y cuando estos se dan cuenta luchan por nulificar o rescindir los contratos; de igual manera, los ejidos que pertenecen a algún pueblo indígena se defienden alegando que se violó su derecho a la consulta previa, antes de afectar sus territorios. Aunque debilitados, la renta y el derecho de consulta representan frenos al capital que busca apropiarse de los recursos naturales, de ahí el interés porque las tierras entren al mercado, pues para ellos sería más fácil el acceso. Ese es el verdadero sentido para que los empresarios quieran decir adiós al ejido. Pero falta lo que digan los ejidatarios cuando se enteren de la pretensión y sus consecuencias.

http://www.jornada.unam.mx/2012/11/30/opinion/025a2pol

 

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