El reconocimiento de la existencia de los sistemas normativos indígenas y su validez para la resolución de conflictos y, en general, para la organización de su vida social interna, es un derecho y una demanda específica de los pueblos indígenas bastante añeja que apenas comienza a incorporarse en algunas legislaciones internacionales y  nacionales,  incluido el Estado Federal mexicano. Aunque con bastantes limitaciones , la legislación del Estado de Oaxaca (que forma parte del la federación mexicqna) los ha reconocido, con lo cual comienza a pagar la deuda  histórica que  en  este  aspecto  guarda  con  sus pueblos indígenas, por haber sido el primero en Latinoamérica en incorporar los principios del Código Civil napoleónico, donde se estatuye que
«Contra la observancia de la ley no
puede alegarse desuso, costumbre o
práctica en contrario», con lo cual los sistemas normativos indígenas fueron condenados a la ilegalidad. A partir de las reformas introducidas en su Constitución local en el mes de junio de 1998, se reconoció legalmente la existencia y validez de los sistemas normativos indígenas, también denominados por los estudiosos y los mismos indígenas «usos y costumbres», derecho consuetudinario, sistemas normativos indígenas o, mas propiamente, derecho indígena. Como consecuencia de su reconocimiento en la Constitución Política del Estado, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca desarrolló su contenido y el alcance de su ejercicio por los titulares de él: los pueblos y comunidades indígenas del Estado.

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