El reconocimiento de la existencia de los sistemas normativos indígenas y su validez para la resolución  de  conflictos -y, en general, para la organización de su vida social interna- es un derecho y una demanda  específica  de los pueblos  nativos  latinoamericanos  bastante añeja que apenas  comienza  a incorporarse  en  algunas  legislaciones internacionales y nacionales, incluso en nuestro país. Un antecedente internacional de este reconocimiento lo constituye El Estudio del problema de la discriminación contra las poblaciones indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, también conocido como Informe Martínez Cabos. Después una  amplia investigación  en diversas  partes  del mundo,  este documento,  desde  1987, concluía:

Ante la existencia de un orden jurídico nacional y otros órdenes jurídicos consuetudinarios que rigen la vida de las poblaciones indígenas, se recomienda que:
a)Se respeten los órdenes jurídicos indígenas y se admita la existencia de un pluralismo jurídico, sin preeminencias injustificadas de parte del sistema jurídico  nacional;
b)Se acepten los criterios de fuero personal y de consideraciones
geográfico-demográficas para la aplicación de los sistemas jurídicos existentes, según corresponda a las circunstancias;
c) Se definan los limites del pluralismo jurídico y se delimiten los espacios culturales en los que no debe interferir el orden jurídico nacional; y se definan también aquellos aspectos que inevitablemente deben quedar regidos por el orden jurídico nacional, en la medida en que se refieren a la vigencia de valores y derechos considerados internacionalmente en la actualidad como fundamentales e indispensables a la vida contemporánea en sociedad. 

A estas conclusiones y otros trabajos en el ámbito internacional, se unieron varias declaraciones y tratados, especialmente el Convenio n.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a pueblos indígenas y tribales en países independientes. En él, entre los artículos octavo y duodécimo de su Parte general, se hace referencia a este derecho.
En la presente década también se han registrado avances sustanciales. La Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías de la Organización de Naciones Unidas incorporó en el Proyecto de Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas la facultad de estos de conservar y reforzar sus sistemas jurídicos. Diversos documentos jurídicos y políticos, internacionales y nacionales, se han formulado en la misma línea. Así, el Proyecto de Declaración Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas expresa que«[...] el derecho indígena deberá ser reconocido como parte del orden jurídico y del marco de desenvolvimiento social y económico de los Estados [...]», y afirma que «[...] los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y reforzar sus sistemas jurídicos, y de aplicarlos en los asuntos internos en sus comunidades [...]», incluso los relacionados con la resolu­ ción de conflictos, la prevención del crimen y el mantenimiento de la paz y armonía.
Otros documentos políticos de bastante importancia que abordan el tema son el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado por el gobierno de Guatemala y la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y los Acuerdos del Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sobre Derechos y Cultura Indígena. El primero contiene todo un apartado sobre Derecho consuetudinario y varias partes del segundo obligan al Estado a reconocer y respetar los sistemas normativos indígenas.
Estos y otros documentos similares tienen en común que recogen una demanda central de los pueblos indígenas para que se acepten sus normas jurídicas de convivencia y se les reconozca oficialmente como sistemas normativos, Derecho consuetudinario o Derecho indígena. El objetivo es dejar atrás el lenguaje anacrónico y confuso que los denominaba usos y costumbres o costumbre jurídica. Plantean, así mismo, un problema que comienza a poner en aprietos a la Teoría general del Derecho, sobre todo en lo que se refiere a fuentes de producción de las normas jurídicas y su validez. Ello no es obstáculo para reconocer que es la propia Teoría general del Derecho la que aporta los elementos necesarios para diferenciar las normas jurídicas del Derecho indígena de las que no lo son -aunque mucho se les parezcan-, para que se puedan hacer valer ante los tribunales.
A partir de estos documentos, diversos Estados nacionales comenzaron a reformar sus Constituciones políticas para incluir en ellas el derecho de los pueblos indígenas a utilizar su propio Derecho en la solución de sus conflictos internos, cada uno a su manera, con diferentes alcances y utilizando diversas denominaciones. 
A inicios de la presente década, el Estado mexicano se sumó a los que se encaminaban por la senda del reconocimiento de los derechos indígenas. Lo cierto es que se hizo con tal ambigüedad que al principio simplemente se plantearon derechos de carácter limitado y, al final, ni siquiera estos fueron admitidos en plenitud. El resultado fue que, en la actualidad, solo contamos con una tibia declaración insertada en el artículo 4.° de la Constitución Federal sobre la composición pluricultural de la Nación mexicana, que se sustenta en la presencia de los pueblos indígenas. A esta le sigue otra donde se específica que una ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lengua, culturas, recursos, costumbres y formas específicas de organización social. De igual manera, el artículo 27.° de la propia carta magna establece que la ley protegerá las tierras de los grupos indígenas. Con esta afirmación, reduce a los pueblos indígenas a la categoría de grupos y sus territorios a la mera condición de tierras.
Sin embargo, a partir de esa disposición, y valiéndose del Convenio n.° 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el Estado de Oaxaca ha reconocido los sistemas normativos indígenas y el derecho de sus pueblos y comunidades para aplicarlos en la solución de conflictos internos.
Con esta determinación, se comienza a pagar la deuda histórica que en este aspecto guarda con los pueblos nativos. No hay que olvidar que este fue el primero en incorporar a su legislación los principios del Código Civil napoleónico. En ellos se señalaba que«[...] contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario», disposición que condenó a la ilegalidad al Derecho indígena.
A partir de las reformas introducidas en la Constitución estatal,
en el mes de junio de 1998, se reconoció legalmente la existencia y validez de los sistemas normativos indígenas, también denominados por los estudiosos y los mismos indígenas usos y costumbres, Derecho consuetudinario o, con mayor propiedad, Derecho indígena. Como consecuencia de tal reconocimiento, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca desarrolló su contenido y el alcance de su ejercicio por los titulares de él: los pueblos y comunidades indígenas del Estado.

De eso trata el presente  trabajo,  que consta  de las siguientes
partes generales. En primer lugar, se exponen los presupuestos  teóricos del Derecho estatal y del Derecho indígena, sobre la base de las diversas formas de entender el Derecho, las normas y los sistemas normativos  jurídicos.  Enseguida, se analizan los fundamentos  jurídicos del reconocimiento de los sistemas normativos indígenas en el Estado de Oaxaca, con énfasis en los constitucionales, internaciona­ les y la Constitución Política del Estado. En un tercer apartado, se analiza la forma en que los sistemas normativos indígenas se reglamentan en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca; se destacan algunos aspectos que guardan relación con el ejercicio de este derecho, especialmente en las definiciones que la propia ley proporciona y se agregan otras que, aunque no se establecen en ella, son necesarias para el ejercicio del derecho ahi consagrado. En la cuarta parte, se aborda el asunto de la impartición de justicia por las autoridades indígenas a través de sus propios sistemas normativos, la competencia que la ley les reconoce para ello, el procedimiento a seguir, los requisitos que deben reunir las resoluciones para ser válidas y las formas de ejecutarlas.
Con este trabajo esperamos seguir contribuyendo a que el ejercicio de los derechos reconocidos sea una realidad, sin abandonar el debate sobre la mejor forma de reconocer los derechos indígenas en nuestro país y en todo el mundo, que tarde o temprano serán una realidad. 

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