Desde un punto de vista jurídico, el derecho al desarrollo es un derecho humano fundamental, de naturaleza individual y colectiva, cuyos titulares son tanto las personas en lo individual como los colectivos de los que forman parte, en este caso los pueblos indígenas. Así lo han reconocido diversos organismos públicos internacionales, entre ellos la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su Comité de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero más allá de las disposiciones del derecho internacional, ¿qué puede entenderse por desarrollo y, en este caso específico, por desarrollo de los pueblos indígenas? Para encontrar respuestas a estas interrogantes, en el presente documento se rastrea el origen y evolución del concepto, posteriormente se plantean algunas concepciones teóricas sobre la materia y las políticas indigenistas que se han seguido por el gobierno mexicano, que en mucho son las mismas de los gobiernos del continente americano. Posteriormente se exponen los contenidos del derecho internacional que lo regulan, se sigue con el derecho nacional y se termina con un planteamiento sobre sus alcances, sus limitaciones y los posibles caminos para andar lo que falta.

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