Estas notas son producto de un asombro. Sentimiento que surge por la constatación de un hecho contradictorio que, por serlo, oscurece el entendimiento y, en algunos, hasta provoca ceguera, jurídica en este caso. El hecho es que, mientras más avanza en América Latina el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia  a través de sus autoridades legítimas, y su propio derecho, más se violan estos derechos. Asombra comprobar que los funcionarios estatales y los operadores oficiales de los órganos encargados de velar por la vigencia del "estado de derecho" no acaten los mandatos legales. Ellos, defensores a ultranza de la norma jurídica, se vuelven ciegos cuando tales normas se refieren al derecho de los pueblos indígenas, y siguen actuando como en el siglo XIX, cuando los estados latinoamericanos comenzaron a adquirir la forma que ahora tienen, y las constituciones políticas de los estados nacionales no contenían ninguna disposición que reconociera el derecho de los pueblos indígenas a tener su propio derecho. Asombra constatar que los derechos indígenas en la actualidad, entre ellos el derecho a su derecho, existen más en el papel que en la realidad. Como si nada hubiera cambiado en los siglos transcurridos.
Son muchos los argumentos que los funcionarios judiciales, y, en
general, de los gobiernos, aducen para justificar su ceguera jurídica frente al derecho indígena. En uno de ellos, se afirma que no conocen el derecho de los pueblos indígenas y, en consecuencia, no pueden aplicarlo en sus actuaciones, por más que las constituciones políticas y las leyes "que de ellas derivan" les ordenen que lo hagan. Esta confesión incluye otra que muestra su desconocimiento del derecho en general, pues el indígena sólo es una especie de aquél. Otro argumento, más pobre en razones que el primero, expresa que no existe reglamentación y, por tanto, ante la ausencia de ella, no están obligados a acatar la disposición constitucional. Esta vez el argumento desconoce lo que las teorías jurídicas exigen para que determinadas normas de conducta constituyan derecho, pero, además, discrimina a los pueblos indígenas al considerarlos incapaces de regirse por su propio derecho, como si no lo hubieran hecho por siglos. En el fondo este argumento es igual que el primero, es decir, ignora lo que es el derecho cuando pretende reducirlo a normas dictadas por el Estado, característica que, como esperamos dejar claro más adelante, ninguna teoría jurídica exige. Un argumento más, expresa que, de reconocerse el derecho indígena -los comúnmente denominados usos y costumbres-, se estaría reconociendo privilegios a los pueblos indígenas, sustrayendo su actuación de la regulación de las normas en general, abriendo la posibilidad de que, al regirse por sus propias normas, los indígenas violarían los derechos humanos universales reconocidos por las "naciones civilizadas". Aquí es el mito de la igualdad formal el que impide tratar, de manera diferente, a sujetos que lo son en realidad, fomentando con ello la desigualdad que se pretende evitar.
Más allá de la falta de voluntad política de los funcionarios gubernamentales, para que los funcionarios judiciales estatales, reconozcan y respeten el derecho indígena, dejando atrás las actitudes discriminatorias que esas justificaciones encierran, con las cuales se escamotea el reconocimiento y respeto del derecho indígena, existen otras razones de fondo, que es necesario tratar. Estas guardan relación directa con la manera en que nos acercamos al derecho, y la concepción que nos formamos de él, así como la importancia de reconocernos nación pluricultural, y las implicaciones que esto tiene para el ejercicio de los derechos, y, en este caso, del derecho de los pueblos indígenas a tener su propio derecho, y regir sus actos por él. A estos tres temas quiero dedicar las siguientes líneas, porque considero que pueden ayudarnos a remontar nuestra ceguera jurídica y superar las concepciones que sobre ellos tenemos. También se trata de una reivindicación de la concepción normativa del derecho, al cual, sin menospreciar otras, considero central como instrumento para la realización de la justicia en general, y, en específico, entre los pueblos indígenas y, a través de ella, de la justicia comunitaria.

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