Todavía no nos reponemos del atropello que los integrantes del Congreso de la Unión cometieron contra el pueblo mexicano, al reformar la Constitución federal para poner la extracción del petróleo mexicano y la producción de energía en sus distintas modalidades en manos de los extranjeros, sin siquiera respetar el procedimiento y menos sin tomar en cuenta su opinión, como sucedería en un régimen democrático, y ya se mira venir otra.

Fue el propio Presidente de la República quien se encargó de anunciar una reforma profunda al campo. Pareciera que quienes creíamos que con la reforma energética se cerraba el segundo ciclo de estas transformaciones neoliberales, vamos a tener que rectificar porque, envalentonados por la división de la izquierda y las fuerzas progresistas, los nuevos priístas y panistas, apoyados por la izquierda parlamentaria, quieren aprovechar para profundizar sus reformas. No vaya a ser que en una de esas el pueblo reaccione y les eche a perder sus planes.

El Presidente de la República escogió el 99 aniversario de la promulgación de la primera ley agraria del siglo XX, con la que comenzó el reparto agrario en nuestro país, para anunciar que el centro de la reforma será la transformación del marco jurídico agropecuario, es decir, que afectará tanto el marco jurídico que regula la tenencia de la tierra, como el de la producción.

De acuerdo con versiones que se han difundido en la prensa, la reforma girará en torno de cinco ejes que abarcarían otros tantos objetivos: un campo justo, un campo productivo, un campo rentable, un campo sustentable y seguridad alimentaria. Con ellos se trata de profundizar la certeza jurídica a los empresarios para que sigan saqueando los bienes naturales del país, facilitar a las empresas agroalimentarias que venden agroquímicos y semillas para cercar a los campesinos. Todo esto aderezado de derechos a la salud y la alimentación, para disfrazar los verdaderos objetivos.

No se necesita mucha imaginación para adivinar el contenido y las orientaciones de la reforma que viene. Basta recordar un poco los asuntos que legislaturas pasadas dejaron pendientes. En el ámbito agrario está la pretensión de última hora de Felipe Calderón, quien tres días antes de abandonar el cargo envío al Senado una iniciativa para reformar la Ley Agraria y convertir las tierras ejidales en propiedad privada.

En ese mismo sentido se inscribe la iniciativa, ya aprobada en la Cámara de Diputados, para reformar la Constitución federal y se puedan vender las costas del país. En materia de producción agrícola y pecuaria, existen varios pendientes entre ellos algunas iniciativas para reformar la ley de variedades vegetales y la de sanidad vegetal y animal, así como la aprobación de una ley que regule los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos, que es una obligación contraída por el Estado mexicano al suscribir y ratificar el Protocolo de Nagoya.

Contrario a esto, el Congreso ha sido omiso en cumplir su obligación de regular derechos fundamentales, como la alimentación, el medio ambiente sano y el agua. Desde el 13 de octubre de 2011 la Constitución federal establece que es obligación del Estado mexicano garantizar a todos los mexicanos una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, para lo cual las políticas agropecuarias deben orientarse a que ese derecho se garantice, cosa que no sucede porque los legisladores no han reglamentado esta obligación gubernamental, lo que le permite a los funcionarios impulsar cruzadas contra el hambre y programas similares que sólo sirven para su lucimiento. Igualmente, desde el 8 de febrero de 2012 la Carta Magna establece como derechos humanos vivir en un ambiente sano y tener acceso al agua salubre, aceptable y asequible, que son derechos humanos que no se han reglamentado; en el caso del agua, el Congreso tenía un año para reglamentarlo y no lo hizo. Estos temas, que también tienen que ver con los cinco ejes que articularán la reforma, no se ve que se estén tomando en cuenta.

En este panorama de profundización de las reformas para perfeccionar las condiciones que faciliten el saqueo de los recursos de nuestro país, es necesario que desde la sociedad se comience a pensar las maneras de articular respuestas políticas, para que en realidad representen un freno a los planes de los actuales gobiernos y una alternativa a los pueblos que quieren un futuro distinto para ellos y sus hijos. Las respuestas regionales son importantes, pero hasta ahora sólo han servido para resistir la embestida cuando ya se está instrumentando. Es necesario ir concretando un plan de vida más general y comenzar a luchar por él. Hay muchas experiencias locales y regionales que, bien analizadas, pueden servir para ello. Esa es una tarea que corresponde a los pueblos y los movimientos, porque los intereses de la clase política no pasan por ahí.

http://www.jornada.unam.mx/2014/01/13/opinion/018a1pol

 

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