Las políticas neoliberales ligadas a la globalización han agudizado la disputa por la nación. En los últimos quince años se observan en los territorios de los pueblos indígenas y comunidades equiparables, despojos masivos por parte de empresas estatales y multinacionales. Aproximadamente dos millones de hectáreas de tierras en los territorios de los pueblos indígenas están concesionadas para su uso en la minería industrial de alto riesgo. 1 No se explotarán los minerales en toda el área de la concesión; sin embargo, se trata de una patente de corso que otorga el Estado a las empresas para entrar en los territorios y tierras, construir caminos y sitios de exploración, utilizar el agua disponible y remover la vegetación para, fi nalmente, elegir dónde realizarán la explotación minera. Una vez elegidos los lugares, comienzan la devastación ambiental y la contaminación inevitable. Es en esta etapa cuando se incrusta en los pueblos el crimen organizado, con el fi n de obtener su “derecho de piso” y parte de las muy pequeñas utilidades que reciben los ex propietarios de la tierra. Las concesiones y las expropiaciones de tierras van acompañadas de dádivas a los líderes locales para obtener la “licencia social”, así como a ciertos estratos sociales en busca de apoyo al proyecto minero. Es entonces que se dividen las comunidades y se rompe el tejido social, si lo hubiera. En la práctica, a través de las concesiones se transfi ere a las empresas la administración de los territorios.

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