Muy mal deben de andar las cosas en México para que hasta Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se atreva a señalar que nuestro país atraviesa por una grave crisis social, que somos una sociedad con miedo, secuestrada por la violencia; y sus palabras sean secundadas por el Presidente de ese organismo, quien frente al Presidente de la República hizo referencia al dolor y la indignación popular por la violación de los derechos humanos. En años anteriores los miembros del Poder Judicial procuraban no opinar sobre estos temas, que consideraban propios de los opositores al gobierno en turno, menos si formaban parte la cúpula judicial. Ahora ya no sucede así, y si expresan sus opiniones mas allá de la interpretación de las leyes, seguramente es porque, aunque colocados en una situación de privilegio, también miran la crisis del país, sienten el miedo en que la mayoría vemos transcurrir nuestras vidas y temen ser la próxima víctima de la violencia.

La preocupación no es para menos. En México casi 24 mil personas se encuentran en calidad de desaparecidas, cifra que muestra el horror de nuestra situación. El pasado mes de agosto, la misma Procuraduría General de la República reconoció que en esa fecha existían 22 mil 322 personas en esta condición: 12 mil 532 correspondían a la administración de Felipe Calderón y 9 mil 790 a la de Enrique Peña Nieto. Esta situación ha llevado a Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional en México, a exigir al Presidente de la República que reconozca que vivimos la peor crisis de derechos humanos en los últimos 50 años. A esto hay que agregar los asesinados, que en el gobierno pasado se estimaron entre 60 mil y 150 mil personas, según las fuentes que se consulten. Por eso tienen razón los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando afirman que somos un país secuestrado por la violencia y la gente anda indignada por esa situación.

Pero no nos confundamos. Mal haríamos en pensar que quien tiene secuestrada a la sociedad es el crimen organizado, asociado a algunos gobiernos locales, como pretende hacernos creer el discurso oficial. El secuestro que padecemos lo ha ejecutado una clase social con intereses trasnacionales que busca despojarnos de nuestro patrimonio y cancelar nuestro futuro como país. Primero asaltaron las instituciones gubernamentales, desde donde ilegítimamente pretenden representar al país, y cuando la gente protesta echan mano de los cuerpos represivos o de grupos paramilitares para someter a los descontentos, a quienes quieren quietecitos. Sólo así se explica el enojo y coraje que el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina en la actual administración, dice tener contra grupos que, según su percepción, manipulan a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, asesinados y desaparecidos el 26 septiembre pasado, cuando lo que hacen es solidarizarse con ellos, apoyándolos en su lucha por encontrar a sus familiares.

Quienes tienen secuestrado al país son los mismos que reformaron el marco legal y las instituciones estatales para que las empresas trasnacionales puedan apoderarse de los recursos naturales del país; los que han entregado la quinta parte del territorio nacional a las empresas mineras para que lo sangren; los que se preparan a entregar 5 millones de hectáreas a esas empresas para que exploten los hidrocarburos; los que nos quieren despojar hasta del viento para producir energía eléctrica; los que preparan las condiciones y la infraestructura para apoderarse del agua, el líquido vital para la existencia de la vida. La forma en que esto sucede no les importa mucho, sus planes pueden ejecutarlos funcionarios gubernamentales, a través de sus programas asistenciales; los cuerpos represivos estatales o los grupos paramilitares. Lo importante en cada caso es sembrar terror en la sociedad por lo que pueda suceder a los que intenten liberarse del secuestro.

Es importante no perder de vista quiénes son los que han secuestrado a nuestro país, para no desgastarse en acciones para liberarse que resulten inútiles. Muchos sectores sociales ya lo tienen claro, por eso no recurren a las instancias oficiales para superar su situación, pues están convencidos de que por ahí no hay ninguna salida verdadera al problema. Por esas razones, los pueblos indígenas y campesinos resisten al despojo de su patrimonio al mismo tiempo que luchan por construir gobiernos autónomos y populares. Ese es el mismo llamado que en medio de su dolor e indignación los padres de los jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa le hacen a la gente. Ese es el camino que en las urbes comienza a construirse, particularmente entre los sectores decepcionados de los políticos y sus propuestas políticas, que no llevan a ningún lado. En fin, que la única forma de terminar con el secuestro de México, por ahora, parece que es la movilización popular organizada.

http://www.jornada.unam.mx/2014/12/18/opinion/028a1pol

 

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