Fueron llegando de poco a poco, según sus lugares de origen. Primero los de casa, en Cuernavaca, Morelos, después los de más lejos, y al final los que se perdieron y no encontraban el lugar de la reunión. Hubo organizaciones de varias partes del país, desde Baja California Sur hasta Chiapas, pasando por Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; las organizaciones también fueron diversas: desde comunitarias como Capulalpam de Méndez y San José del Progreso, en el estado de Oaxaca, y la Policía Comunitaria del estado de Guerrero, hasta organizaciones sociales como el Consejo de Pueblos de Morelos, y organizaciones no gubernamentales que acompañan los movimientos. Esa variopinta reunión, realizada los días 21 y 22 pasados, tuvo una meta en común: analizar los nocivos efectos de la minería a cielo abierto en nuestro país y encontrar mecanismos para detener la devastación ambiental que produce.

La reunión comenzó con una explicación general de la situación en que se encuentra el país y las razones de ello. Se habló del la modificación del artículo 27 constitucional, hace 21 años, que rompió el pacto social surgido del Constituyente de 1917, a la que siguió la firma del Tratado de Libre Comercio, dos sucesos que a la postre sirvieron de fundamento a la legislación minera neoliberal, que a su vez sentó las bases para facilitar la entrega del país a las empresas mineras, nacionales y extranjeras. Entre tales disposiciones se encuentra el carácter de utilidad pública de esta actividad, cuando ya es claro que no lo era; la unificación de las concesiones de exploración y explotación a una sola, con vigencia de 50 años, prorrogables por un término igual, cuando ningún proyecto requiere tanto tiempo para su ejecución; el uso casi gratuito del agua y la falta de pago de impuestos por el mineral que extraen del subsuelo mexicano.

Como consecuencia de lo anterior, de acuerdo con el Sistema Integral de Administración Minera (SIAM), actualmente existen más de 31 mil concesiones mineras, que amparan 39 millones 743 mil 690 hectáreas en poder de 301 compañías, 207 de origen canadiense y 48 estadunidense, que controlan la producción minera en nuestro país. Más todavía: el año pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informaba que en el país operaban 833 proyectos mineros, en etapa de exploración; 81 en producción; 35 en etapa de desarrollo y 52 en suspensión, esperando su reactivación; de éstos, 211 eran de origen canadiense y 44 estadounidense. No se necesita nada de imaginación para entender que el dominio de estos países en la industria es consecuencia directa del Tratado de Libre Comercio.

Aparte de apropiarse de los recursos mineros del país, las empresas mineras han abusado de las facilidades que las leyes les otorgan, destruyendo el entorno donde se localizan, contaminando el suelo, el agua y el aire con metales pesados que son arrojados en ellos, desplazando pueblos enteros, destruyendo su hábitat y privándolos de las posibilidades de acceso a una vida digna, sometiendo a los trabajadores a condiciones laborales sólo vistas en el porfiriato. Por eso los pueblos y organizaciones que se reunieron en Morelos en días pasados decidieron incluir dentro de su lucha el impulso de una nueva Ley Minera con perspectiva de derechos humanos y desde los movimientos sociales que, entre otras cosas, modifique el carácter de utilidad pública y preferente de esta actividad, distinga entre concesiones de exploración y explotación y las ajuste al tiempo necesario para la realización de los proyectos, se prohíba su instalación en lugares donde se ubiquen los pueblos, las áreas naturales protegidas y no perjudiquen el agua para consumo ni la siembra de productos para asegurar la alimentación de los mexicanos.

Entre quienes acudieron a la reunión quedó claro que la aprobación de una ley de ese tipo no resuelve el problema, porque el modelo extractivista utilizado para la extracción del mineral, por su propia naturaleza, no puede ser sustentable y eso es lo que se debe transformar; pero también tienen consciencia de que en la situación actual es difícil conseguirlo y la modificación de las reglas del juego podría permitirles luchar en condiciones mejores por sus derechos. Por eso hablan de contenidos mínimos aceptables en una reforma que modifique sustancialmente las condiciones en que actualmente se realiza esa actividad en nuestro país. Nada que ver con las reformas de maquillaje que diversos partidos han promovido en estos días. Por eso mismo es probable que sus propuestas sean rechazadas por la clase política, tan ligada a los intereses de grupos económicos. La única posibilidad de que tenga algún resultado positivo es el apoyo popular que la pueda arropar.

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/03/opinion/027a1pol

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