Como un relámpago que ilumina su camino y da la razón a sus reclamos han tomado los habitantes del pueblo de Temacapulín los últimos acontecimientos en torno a la construcción de la presa El Zapotillo. Después de ocho años de lucha para defender su patrimonio, que sería destruido si la presa llegara a construirse, el día 28 de enero pasado el nuevo titular del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua, José Elías Chedid Abraham, declaró que la decisión sobre el futuro de Temacapulín, así como la altura que tendrá la presa El Zapotillo recaerá en Aristóteles Sandoval Díaz, el gobernador electo del estado, que asumirá el cargo el próximo marzo. "Si el gobernador electo cambia la posición y la presenta oficialmente a la Conagua, pues seremos respetuosos de ésta porque la Conagua va en coadyuvancia de las necesidades que tiene Jalisco y Guanajuato", expresó.

En lo que pareció una respuesta al funcionario federal, al día siguiente el gobernador electo refrendó una promesa que hizo durante su campaña a la gubernatura: "Lo reitero: Jalisco debe ser el principal beneficiado de las decisiones y no el que las padezca. No vamos a inundar Temacapulín", dijo. La declaración hacía alusión a que la obra beneficiará mayormente a los empresarios de la ciudad de León, Guanajuato, afectando la cuota de volumen de agua que corresponde al estado, además de inundar los poblados de Temacapulín y Palmarejo, del municipio de Cañadas de Obregón y el de Acasico, que forma parte del municipio de Mexticacán, todos del estado de Jalisco, quienes por cerca de ocho años han luchado por evitar que la obra se lleve a cabo y en todo ese tiempo han topado con la necedad gubernamental para escuchar sus reclamos, de ahí que la postura del titular de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico y la del gobernador electo los sorprendan.

Hay varios elementos que indican un posible cambio en la postura gubernamental. Uno es la idea de que Jalisco debe ser el principal beneficiado de las obras que se desarrollen en su territorio y no el que las padezca; mismo que comenzó a expresarse desde que el actual Presidente de la República y el gobernador electo andaban en campaña, lo cual puede indicar que sus intereses no son los mismos del grupo al que buscaban suceder en el poder. Un segundo elemento es que el 24 de julio del año pasado las autoridades del municipio de Cañadas de Obregón, interpusieron una controversia constitucional contra la decisión de construir la presa El Zapotillo, alegando que ellos no otorgaron el cambio de uso del suelo; a ésta siguió otra del Congreso del estado, interpuesta el 7 de septiembre, reclamando que la obra restringe el volumen de agua que el estado tiene asignado, la obra no respetó la altura de 80 metros para la cortina de la presa, como se proyectó originalmente, y el gobernador firmó un convenio para llevar agua a Guanajuato sin permiso del Congreso. Ambos juicios están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en espera de sentencia, pero la Procuraduría General de la República ya aceptó que la razón asiste a los demandantes.

Lo anterior sucede en las altas esferas de la política, pero abajo también se mueven y mucho. Los afectados se unieron para defenderse y formaron el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, espacio donde han coordinado sus diversas acciones, que incluye movilización social, denuncias públicas y diversos juicios, donde invariablemente les han dado la razón. En junio de 2008 la comunidad fue anfitriona del quinto Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder); a principios de octubre de 2010 ahí se celebró el "tercer Encuentro Internacional de Afectados por Represas y sus Aliados"; en junio del año siguiente recibieron la visita de Olivier de Schutter, relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, y los días 5 y 6 de noviembre de 2012 allí se efectuó la preaudiencia sobre Devastación ambiental y derechos de los pueblos, del Tribunal Permanente de los Pueblos, sección México. No es una resistencia cualquiera y eso también pesa a las autoridades gubernamentales a la hora de buscar legitimidad para sus actos.

Éste es el escenario al que, por primera vez desde hace ocho años, los gobiernos federal y estatal muestran alguna sensibilidad para respetar los derechos de los afectados por la construcción de la presa El Zapotillo, se unen las exigencias de los panistas y la Confederación Patronal Mexicana para inundar los pueblos y ellos puedan seguir haciendo negocios. Muchos guiños y gestos, pero nada en concreto. La última palabra todavía está en el aire. En los próximos días veremos si siguen prevaleciendo los intereses de los empresarios sobre los derechos ciudadanos o se corrige el rumbo.

http://www.jornada.unam.mx/2013/02/05/opinion/020a1pol

 

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