Recursos genéticos, conocimiento tradicional y derechos indígenas

GLOBALIZACIÓN Y ORDEN JURÍDICOS 
El fenómeno de la globalización tiene su manifestación específica en el orden jurídico que se expresa de diversas maneras. Una de ellas es
enlas transformaciones que ha experimentado el derecho internacional, producto de la presión de instituciones públicas y privadas dominadas por el capital y por la influencia que ejerce en las reformas de los sistemas jurídicos nacionales para desrregular las actividades mercantiles.
Dichas transformaciones condicionan la función soberana de las instituciones internacionales, fenómeno que después se repite al interior
de los Estados nacionales, bajo el argumento de que hay que legislar en determinadas materias y también en determinados sentidos, por tratarse de compromisos internacionales que no pueden dejar de cumplirse.
De esta manera la globalización jurídica transforma a los estados y sus funciones; la soberanía se achica cada vez más y los estados abdican de
sus funciones de reguladores del orden público, dejando que sean las instituciones privadas las que impongan sus intereses.

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Loa pueblos mixtecos y el Plan de Ayala

Cuando Emiliano Zapata, el Comandante General del Ejército Libertador del Sur, se dirigió a todos los revolucionarios reunidos en Ayoxuxtla aquel 27 de noviembre de 1911 para que, si no tenían miedo, pasaran a firmar el Plan de Ayala, entre los que se pusieron de pie y avanzaron hacia la mullida mesa sobre la cual se hallaba el mencionado documento, se encontraban cuatro mixtecos: el general Jesús Morales, originario del municipio de Petlalcingo,  Puebla, conocido entre su gente como "el Tuerto" Morales, por la falta de un ojo que había perdido de niño en una riña callejera; el capitán Francisco Mendoza, de el Organal, Chietla y Catarino Mendoza y Amador Acevedo, de Huauchinantla.

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Los pueblos mixtecos en la guerra de Independencia

El descontento de los pueblos mixtecos por trescientos años de colonización encontró el momento para manifestarse con mucha fuerza aquel15 de septiembre de 1810, cuando el cura y Costilla llamó a todos los pueblos de la Nueva
Miguel Hidalgo España a luchar para independizarse de la corona española. Muchos pueblos indígenas lo siguieron, porque a pesar de ser criollo pensaba como ellos, o al menos eso se decía: que la esclavitud debía desaparecer, que las tierras debían ser devueltas a sus legítimos dueños, los pueblos indígenas; que éstos debían gobernarse por sí mismos, entre otras propuestas. Los habitantes de numerosos pueblos se unieron a su grupo y lucharon juntos porque creían que esta vez sí se les iba a tomar en cuenta.

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LA DIVERSIDAD NEGADA. LOS DERECHOS INDÍGENAS EN LA PROPUESTA GUBERNAMENTAL DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Cuando de reconocer u otorgar derechos se trata, es una cuestión elemental especificar quién es el titular de ellos y en qué consisten; de otra forma no existe manera de que puedan ejercerse. En este aspecto, la propuesta de reforma constitucional en materia de derechos indígenas del gobierno federal contiene varias contradicciones y ambigüedades que no se pueden dejar pasar como una nimiedad, si en realidad se busca una reforma que atienda de raíz la cuestión indígena. A continuación intentamos un análisis de ella, centrándonos en el sujeto del derecho y los derechos que se pretende reconocer. No ignoramos los problemas que implica el que se haya elaborado de manera unilateral, prescindiendo de la participación del EZLN, así como la gravedad de que su contenido se aleje de lo pactado en San Andrés Larráinzar. Sin embargo, muchos se han ocupado de estos temas; por eso nuestra intención de circunscribirnos únicamente a sus implicaciones jurídicas.

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ENSAYO SOBRE LA CEGUERA... JURÍDICA: LAS TEORÍAS JURÍDICAS Y EL DERECHO ENTRE LOS ÑUÚ SAVI

Estas notas son producto de un asombro. Sentimiento que surge por la constatación de un hecho contradictorio que, por serlo, oscurece el entendimiento y, en algunos, hasta provoca ceguera, jurídica en este caso. El hecho es que, mientras más avanza en América Latina el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a administrar justicia  a través de sus autoridades legítimas, y su propio derecho, más se violan estos derechos. Asombra comprobar que los funcionarios estatales y los operadores oficiales de los órganos encargados de velar por la vigencia del "estado de derecho" no acaten los mandatos legales. Ellos, defensores a ultranza de la norma jurídica, se vuelven ciegos cuando tales normas se refieren al derecho de los pueblos indígenas, y siguen actuando como en el siglo XIX, cuando los estados latinoamericanos comenzaron a adquirir la forma que ahora tienen, y las constituciones políticas de los estados nacionales no contenían ninguna disposición que reconociera el derecho de los pueblos indígenas a tener su propio derecho.

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El estado de la regulación de los derechos indígenas en México

La lucha de los pueblos indígenas de México por sus derechos no es asunto de los últimos años, sino bastante añejo. Viene aparejada con las luchas independentistas de la población de la Nueva España por separarse de la Corona española y formar un nuevo Estado; pasando por los "periodos de anarquía" y la consolidación del "nuevo orden", durante el siglo XIX; se hizo presente durante las discusiones que generaron la elaboración y aprobación de la Constitución federal de 1857, lo mismo que la de 1917, sin que en ningún caso los constituyentes se convencieran de la necesidad de reconocerlos . En los últimos años se ha reflejado en diversas luchas que no cesan hasta el día de hoy, sin que tal reclamo encuentre una respuesta satisfactoria, porque, de una manera u otra, el Estado siempre ha buscado boicotear estos derechos.

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El derecho a la alimentación en la legislación mexicana

El derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental. Lo es, tanto porque satisface necesidades básicas de los seres vivos, en este caso los seres humanos, sin lo cual no podrían existir, como porque así lo reconocen diversos documentos jurídicos de derecho internacional y del derecho mexicano. La afirmación anterior, pareciendo tan obvia, tiene implicaciones que es necesario explicar. En primer lugar, conviene aclarar lo que desde un punto de vista jurídico se entiende como derecho humano fundamental, ya que en lenguaje común se le confunde con derecho humano; mientras, desde otra óptica, algunos lo equiparan a una garantía constitucional, siendo que se trata de tres categorías jurídicas distintas, con alcances diferentes cada una.

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DERECHOS INDÍGENAS EN MÉXICO

Como la mayoría de los Estados latinoamericanos el mexicano es un estado multicultural en donde conviven, además de la población mestiza, al menos 62 pueblos indígenas que en conjunto representan el 10% de la población nacional con 8. 701 688 habitantes repartidos por todo el territorio estatal y que en 803 de los 2.403 municipios en que se divide el país representan al menos el 30% de la población (Instituto Nacional Indigenista, 1993, p. 33). No obstante esa situación durante toda su historia el Estado se había asumido como si su composición fuera monocultural; reconociendo un sólo orden jurídico y diseñando sus instituciones en base a las necesidades de la población mestiza dominante. La negación de la existencia de los pueblos indígenas cerró la puerta a toda posibilidad del ejercicio diferenciado de los derechos humanos reconocidos por el orden internacional.

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