Beber o vender: La legislación sobre Aguas en México

El agua es un elemento natural indispensable para que la vida sea posible, ya que permite realizar una de las actividades vitales para ella. Es evidente pero no por ello hay que dejar de mencionarlo: sin agua la existencia de la vida no sería posible. Esto sin olvidar que para muchas culturas, en nuestro país marcadamente la de los pueblos indígenas, además de sus funciones químico-biológicas reviste aspectos culturales que se expresan de muchas maneras: mitos de origen, prácticas de petición de lluvia relacionadas con actividades productivas, experiencias terapéuticas, entre otras, giran alrededor del vital líquido. Su importancia la entendieron bastante bien las sociedades antiguas, tanto que la trataron como un bien común del cual nadie podía apropiarse, porque de hacerlo se corría el riesgo de atentar contra el derecho a la vida de otros, que en realidad era atentar contra la persistencia de la sociedad y de manera indirecta contra la vida de todos.

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El Derecho de los Pueblos Indígenas al Desarrollo

Desde un punto de vista jurídico, el derecho al desarrollo es un derecho humano fundamental, de naturaleza individual y colectiva, cuyos titulares son tanto las personas en lo individual como los colectivos de los que forman parte, en este caso los pueblos indígenas. Así lo han reconocido diversos organismos públicos internacionales, entre ellos la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su Comité de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero más allá de las disposiciones del derecho internacional, ¿qué puede entenderse por desarrollo y, en este caso específico, por desarrollo de los pueblos indígenas? Para encontrar respuestas a estas interrogantes, en el presente documento se rastrea el origen y evolución del concepto, posteriormente se plantean algunas concepciones teóricas sobre la materia y las políticas indigenistas que se han seguido por el gobierno mexicano, que en mucho son las mismas de los gobiernos del continente americano.

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Los Pueblos Indígenas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Cuando los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallaron sobre la mayoría de las controversias constitucionales presentadas por municipios indígenas, también le fallaron al pueblo de México y lo más grave, se fallaron ellos mismos. La esperanza puesta en ellos por millones de mexicanos fue destruida en unos cuantos minutos, y la apertura mostrada al decidir sobre otras materias, como cuando fijó las facultades del Presidente de la República para reglamentar el horario de verano o la generación de la electricidad, o la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar sobre aborto, esta vez, no pasó la prueba de fuego. En pocas palabras al fallar, fallaron.

Francisco López Barcenas
Abigail Zúñiga Balderas
Guadalupe Espinoza Sauceda

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Los Derechos Indígenas y la Reforma Constitucional en México

El día 14 de agosto del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que adicionó un segundo y tercer párrafos al artículo 1o, reformó su artículo 2o derogó el párrafo primero del artículo 4o, adicionó un sexto párrafo al artículo 18 y otro a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Históricamente, se trata de la segunda reforma realizada a la Constitución Federal tratando de reconocer los derechos de los pueblos indígenas de México y de la más debatida y cuestionada en la historia del constitucionalismo mexicano. Sin exageración alguna podemos afirmar que fue más cuestionada incluso que la reforma realizada al artículo 27 constitucional en el año de 1992.

Espinoza Sauceda, Guadalupe
Escalante Betancourt, Yuri
Gallegos Toussaint, Ximena
López Bárcenas, Francisco
Zúñiga Balderas, Abigail

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Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Desarrollo Rural

La legislación que regula los derechos de los campesinos y las diversas actividades que se realizan en el campo mexicano ha evolucionado sustancialmente en los últimos años, al grado de que en la actualidad integra un complejo cuerpo legislativo sobre el desarrollo rural. Junto con esta evolución han surgido nuevos derroteros y espacios de regulación que antes estaban ausentes y abren nuevos cauces a la regulación jurídica del desarrollo rural. Ejemplo de lo anterior es que el marco jurídico sobre el desarrollo rural ha desbordado las materias clásicas como el derecho agrario, el derecho de aguas, forestal y minero, a los cuales se redujo durante muchos años para incursionar en temas como planeación, medio ambiente, organización de productores y biotecnología, entre otros temas.

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Legislación y Derechos Indígenas en México

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos inauguró en 1917 una nueva época de la historia del constitucionalismo respecto a una serie de aspectos relevantes para la sociedad mexicana, sin embargo, el más importante de ellos no figura entre los que suelen resaltarse con posterioridad. Me refiero al pronunciamiento de base de los apartados sexto y séptimo del artículo 27, que hace referencia a la propiedad como derecho fundamental; es de destacarse que éste no se limita a la propiedad privada: “Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren”.

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Legislación para el desarrollo rural: una visión de conjunto

Carlos R. Menéndez Gámiz, Gabriela Rangel Faz
Gloria Margarita Álvarez López, Héctor Robles Berlanga
Jazmín B. Santinelli, Jesús Guzmán Flores
Violeta R. Núñez Rodríguez, Elizabeth Diana López Montaño

Francisco López Bárcenas
(Coordinador)

La legislación que regula los derechos de los campesinos y las diversas actividades que se realizan en el campo mexicano ha evolucionado sustancialmente en los últimos años, al grado que en la actualidad integra un complejo sistema legislativo sobre el desarrollo rural. Junto con esta evolución han surgido nuevos derroteros y espacios de regulación jurídica que antes estaban ausentes y abren nuevos cauces a la legislación en esta materia. Ejemplo de lo anterior es que el marco jurídico ha desbordado las materias tradicionales como el derecho agrario, de aguas y forestal, a los cuales se redujo durante muchos años, para incursionar en temas como planeación, medio ambiente, organización de productores, y biotecnología –variedades vegetales, bioseguridad y agrocumbustibles–, entre otros temas.

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