Los Derechos Indígenas y la Reforma Constitucional en México

El día 14 de agosto del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que adicionó un segundo y tercer párrafos al artículo 1o, reformó su artículo 2o derogó el párrafo primero del artículo 4o, adicionó un sexto párrafo al artículo 18 y otro a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Históricamente, se trata de la segunda reforma realizada a la Constitución Federal tratando de reconocer los derechos de los pueblos indígenas de México y de la más debatida y cuestionada en la historia del constitucionalismo mexicano. Sin exageración alguna podemos afirmar que fue más cuestionada incluso que la reforma realizada al artículo 27 constitucional en el año de 1992.

Espinoza Sauceda, Guadalupe
Escalante Betancourt, Yuri
Gallegos Toussaint, Ximena
López Bárcenas, Francisco
Zúñiga Balderas, Abigail

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Los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Desarrollo Rural

La legislación que regula los derechos de los campesinos y las diversas actividades que se realizan en el campo mexicano ha evolucionado sustancialmente en los últimos años, al grado de que en la actualidad integra un complejo cuerpo legislativo sobre el desarrollo rural. Junto con esta evolución han surgido nuevos derroteros y espacios de regulación que antes estaban ausentes y abren nuevos cauces a la regulación jurídica del desarrollo rural. Ejemplo de lo anterior es que el marco jurídico sobre el desarrollo rural ha desbordado las materias clásicas como el derecho agrario, el derecho de aguas, forestal y minero, a los cuales se redujo durante muchos años para incursionar en temas como planeación, medio ambiente, organización de productores y biotecnología, entre otros temas.

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Legislación y Derechos Indígenas en México

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos inauguró en 1917 una nueva época de la historia del constitucionalismo respecto a una serie de aspectos relevantes para la sociedad mexicana, sin embargo, el más importante de ellos no figura entre los que suelen resaltarse con posterioridad. Me refiero al pronunciamiento de base de los apartados sexto y séptimo del artículo 27, que hace referencia a la propiedad como derecho fundamental; es de destacarse que éste no se limita a la propiedad privada: “Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congregaciones, tribus y demás corporaciones de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que se les haya restituido o restituyeren”.

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Legislación para el desarrollo rural: una visión de conjunto

Carlos R. Menéndez Gámiz, Gabriela Rangel Faz
Gloria Margarita Álvarez López, Héctor Robles Berlanga
Jazmín B. Santinelli, Jesús Guzmán Flores
Violeta R. Núñez Rodríguez, Elizabeth Diana López Montaño

Francisco López Bárcenas
(Coordinador)

La legislación que regula los derechos de los campesinos y las diversas actividades que se realizan en el campo mexicano ha evolucionado sustancialmente en los últimos años, al grado que en la actualidad integra un complejo sistema legislativo sobre el desarrollo rural. Junto con esta evolución han surgido nuevos derroteros y espacios de regulación jurídica que antes estaban ausentes y abren nuevos cauces a la legislación en esta materia. Ejemplo de lo anterior es que el marco jurídico ha desbordado las materias tradicionales como el derecho agrario, de aguas y forestal, a los cuales se redujo durante muchos años, para incursionar en temas como planeación, medio ambiente, organización de productores, y biotecnología –variedades vegetales, bioseguridad y agrocumbustibles–, entre otros temas.

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Entre lo propio y lo ajeno

Una de las características que distinguen a la población indígena de la que no lo es, son los sistemas de elección de autoridades, que han mantenido a través del tiempo, y han ido enriqueciendo con rasgos que adquieren por el contacto con otras culturas. Esto ha llevado a las comunidades a exigir al gobierno su reconocimiento legal, objetivo que han visto realizado en los últimos años, instituyéndose de esta manera el sistema electoral consuetudinario, también denominado elecciones por usos y costumbres.

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EL MINERAL O LA VIDA - La legislación minera en México

En nuestro país la minería es una industria floreciente. Su incidencia en la economía mexicana comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación minera, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse, lo cual no sólo se reduce a la legislación minera, pues incluye el acceso a la tierra bajo la cual se encuentran los minerales, el uso del suelo, el uso del agua para el procesamiento del mineral, la prevención o remediación de la contaminación ambiental y la inversión extranjera en este rubro. Entre las leyes que regulan la actividad minera destacan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Minera, pero no son las únicas. También lo hacen la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Federal de Derechos, la Ley de Inversión Extranjera y el Código Civil, sin contar los reglamentos de varias de ellas.

Francisco López Bárcenas
Mayra Montserrat Eslava Galicia

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El Derecho a la Alimentación en la Legislación Mexicana

México enfrenta una de las crisis económicas más profundas dentro de su historia. En ella influyen factores externos derivados del agotamiento del modelo de desarrollo económico actual, que impide dar respuesta a los problemas que presenta la situación de la población mundial, colocándola en una situación de vulnerabilidad; pero también factores internos derivados de las insuficiencias estructurales de la economía mexicana, y como consecuencia de ello, la persistencia de desigualdades y desequilibrios sociales, que se agudizan con la crisis.

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