Reforma energética y derechos de los indígenas

Aunque no se les nombra, las iniciativas de reforma constitucional en materia de extracción del petróleo y generación de energía eléctrica presentadas por el Presidente de la República y diversos partidos políticos, afectan los derechos de los pueblos indígenas, de tal manera que resulta irresponsable y peligroso no señalarlas y advertir de las reacciones que pueden generar entre los afectados si se concretan tal como han sido propuestas. Como sucedió en la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, ahora también se les ignora, tal vez pensando que nada tienen que decir sobre una medida de vital importancia para el futuro del país y los mexicanos, entre quienes se cuentan los pueblos indígenas. Pero sí tienen que decir y mucho, en primer lugar porque el petróleo es propiedad de todos los mexicanos y la generación de energía eléctrica es responsabilidad Estado; en segundo, porque tienen reconocidos derechos específicos que el Estado está obligado a respetar.

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La revolución de los ricos

Las iniciativas de reforma constitucional que en materia de energía y petróleo han presentado el Partido Acción Nacional y el presidente de la República, mismas que el Poder Legislativo se apresta a discutir, representan una continuidad de la que en 1991 presentara Carlos Salinas de Gortari para permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales y la entrada del capital en ellas. En ese sentido, las mencionadas iniciativas constituyen la segunda etapa de la revolución de los ricos, como Carlos Tello y Jorge Ibarra denominan a la etapa neoliberal del capitalismo mundial, proceso que en nuestro país tiene más o menos tres décadas de estarse implementando y que a pesar de sus nocivos efectos en la sociedad ningún gobierno acierta a modificar el rumbo, sino al contrario, buscan profundizarlo para llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

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El derecho de los indígenas a la consulta y las políticas de gobierno

Uno de los instrumentos jurídicos que más han esgrimido los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y los recursos naturales es la consulta y el consentimiento previo, que se regula tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales. Lo utilizan frente a las autoridades administrativas y cuando éstas no los escuchan lo llevan ante los tribunales de amparo, quienes, más sensibles a lo que las leyes disponen, comienzan a darles la razón, ordenando la suspensión del acto reclamado que les causa perjuicio, como en los casos de Wirikuta, en San Luis Potosí; o San Dionisio del Mar, en Oaxaca; mientras en otros, como Huetosachi, Chihuahua, hasta dictan sentencias definitivas.

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Acumulación por desposesión y autonomía indígena

Desposesión, el cuarto ciclo de la colonización indígena

Francisco López Bárcenas

México. Julio y agosto pueden ser nombrados los meses de la defensa del territorio contra el despojo del patrimonio nacional causado por los megaproyectos, para beneficio de los dueños del capital. Aunque la afectación perjudica a todos los mexicanos, quienes lo sufren de forma más directa son los pueblos indígenas, porque los codiciados bienes se ubican en sus territorios.

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Pacto por México, partidos y minería

Los partidos políticos que firmaron el Pacto por México con el gobierno federal incluyeron dentro de sus compromisos elaborar una nueva ley de explotación minera para lo cual se debía revisar el actual esquema de concesiones y el pago de derechos federales vinculados a la producción, mismos que se aplicarían prioritariamente en beneficio de los municipios y las comunidades donde se ejecutaran los proyectos mineros, con la propuesta de contener la protesta social por los efectos nocivos a la minería y atender las recomendaciones de las instituciones internacionales.

Así, atender el actual esquema de concesiones mineras se entiende como revisar lo que se paga por ellas, no su naturaleza ni el tiempo de duración ni los lugares donde puede extenderse. En ese mismo sentido, hablar del pago de derechos federales no implica pagar impuestos ni ninguna otra contribución estatal.

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Por una nueva legislación minera

Fueron llegando de poco a poco, según sus lugares de origen. Primero los de casa, en Cuernavaca, Morelos, después los de más lejos, y al final los que se perdieron y no encontraban el lugar de la reunión. Hubo organizaciones de varias partes del país, desde Baja California Sur hasta Chiapas, pasando por Chihuahua, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz; las organizaciones también fueron diversas: desde comunitarias como Capulalpam de Méndez y San José del Progreso, en el estado de Oaxaca, y la Policía Comunitaria del estado de Guerrero, hasta organizaciones sociales como el Consejo de Pueblos de Morelos, y organizaciones no gubernamentales que acompañan los movimientos. Esa variopinta reunión, realizada los días 21 y 22 pasados, tuvo una meta en común: analizar los nocivos efectos de la minería a cielo abierto en nuestro país y encontrar mecanismos para detener la devastación ambiental que produce.

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Invasión anticonstitucional de la minería en México

México. La forma en que actualmente se desarrolla la actividad minera, amparada por la legislación, es contraria a las disposiciones de la Constitución y a los derechos al agua, la alimentación y la autonomía. Es necesario reformar las leyes para ajustarlas a un verdadero interés nacional.

La minería es una industria floreciente. De acuerdo con las cifras del Banco de México, desde hace tres años pasó a ocupar el cuarto lugar en la generación de divisas, sólo superada por los ingresos de la industria automotriz, el petróleo y las remesas. La incidencia de la industria minera en la economía mexicana comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación minera, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse. El contenido de ambos marcó los nuevos enfoques de políticas públicas del estado mexicano en este sector.

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El Derecho de los Pueblos Indígenas en México a la Consulta

Cada vez son más los pueblos y comunidades indígenas de México que tienen que enfrentar la voracidad de las empresas extranjeras que invaden sus territorios para apoderarse de los recursos naturales que ellos han cuidado por siglos, violentando su derecho a ser reconocidos como pueblos, decidir sus propias prioridades, preservar su identidad cultural y mantener la integridad de sus territorios y acceder de manera preferente al uso y disfrute de los recursos naturales existentes en ellos, entre otros. Ejemplos de esto existen muchos: la industria minera, la construcción de presas hidroeléctricas y de almacenamiento de agua, la construcción de parques eólicos para la producción de energía, planes de bioprospección relacionados con los recursos genéticos y el conocimiento indígena asociado a ellos y proyectos turísticos, entre otros. La mayoría estos proyectos son financiados por empresas transnacionales o una combinación de ellas con mexicanas, u otras propiedad de empresarios mexicanos, pero en todo caso cuentan con la con la anuencia de las autoridades estatales que, por otro lado omiten su obligación de vigilar que se respeten los derechos de los pueblos afectados.

 

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Adiós al ejido

Tres días antes de dejar el poder, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó en el Senado una iniciativa para modificar el contenido de la Ley Agraria, reformando 23 artículos, derogando cuatro e incorporando uno nuevo. En total, propuso al Congreso de la Unión 28 modificaciones a la Ley Agraria, con la finalidad de terminar con las pocas características de propiedad social que le quedaron al ejido desde que en 1992 se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se aprobó una nueva Ley Agraria. De entonces a la fecha la legislación se ha modificado en seis ocasiones, la mayor de ellas el 9 de julio de 1993, cuando se reformaron dieciséis artículos relacionados con los juicios agrarios. Todas las demás fueron para ajustar sus disposiciones a la realidad del campo y las políticas gubernamentales relacionadas con él.

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