Autoritarismo gubernamental y judicialización de los derechos

El autoritarismo de la administración federal y de los estados de la República está obligando a los mexicanos –ciudadanos, organizaciones y comunidades indígenas– a acudir a los tribunales como una forma de defender sus derechos patrimoniales, de los que desde hace años se les despoja sin ningún recato para favorecer a las empresas que buscan apropiarse de él. La violación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y los tratados internacionales es de tal magnitud que cada día son más los tribunales administrativos, agrarios y de amparo que dan la razón a los reclamantes, ordenan proteger sus derechos y requieren a las autoridades responsables para que dejen de realizar los actos que los violentan. Pero lo que las autoridades judiciales dan al dictar sus resoluciones lo quitan las ejecutivas a la hora de dar cumplimiento a ellas.

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Policías comunitarias, grupos de autodefensa y paramilitares

La aparición de policías comunitarias y grupos de autodefensa por diversos estados de la República ha traído diversas consecuencias. Una de ellas es el reconocimiento, desde diversos ámbitos del gobierno y sectores empresariales, de la crisis del estado de derecho y la incapacidad de las instituciones creadas para brindar seguridad a la población, para cumplir su cometido. Este reconocimiento ha venido acompañado de diversas posturas sobre el fenómeno. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha mostrado preocupación porque, dice, los grupos de autodefensa quebrantan la estabilidad de las instituciones, debido a que existe una línea muy tenue entre estas organizaciones de autodefensa y los grupos paramilitares, además de que nadie puede hacerse justicia por su propia mano ni ejercer violencia para reclamar su derecho. En esa misma línea, el ex presidente de la misma institución ha dicho que este tipo de grupos son ilegales, y sus acciones, delictivas.

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