Extractivismo y violencia de género en Guatemala

Grave, pero cierto. La maquinaria estatal con que los finqueros guatemaltecos reprimieron las luchas populares y la resistencia armada en los años 80, produciendo uno de los más feroces genocidios en los tiempos recientes, sigue existiendo y se encuentra muy activa. Es más, en tiempos de discursos democráticos y multiculturales, como los actuales, ha desarrollado nuevas formas de violencia física y moral contra quienes defienden sus derechos y denuncian a las grandes empresas que atentan contra sus vidas y las de sus comunidades. El trasfondo de estas prácticas, como sucede en toda América Latina, es la actividad extractivista de empresas con grandes capitales trasnacionales, a quienes lo único que les interesa es amasar grandes riquezas en el menor tiempo posible. Despojar de su patrimonio a las comunidades es la mejor forma que han encontrado para lograr sus propósitos, y cuando sus integrantes se defienden los criminalizan, no importa que sean mujeres.

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Género y criminalización de la protesta social

Cada día son más las mujeres que participan en la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y por lo mismo, sobre ellas también recae la política represiva del gobierno. A los encarcelamientos, detenciones y amenazas de muchas de ellas hay que agregar la criminalización de quienes son procesadas judicialmente por su participación en las luchas de los pueblos contra el despojo. Ese es el caso de Lucila Bettina Cruz Velásquez, zapoteca, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, quien es procesada en el juzgado sexto de distrito en el estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional.

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