Ejido La Sierrita: resistencia al despojo

Igual que la población mexicana, también la madre tierra sangra, porque el terrorismo contra los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos, los estudiantes y los pobres en general, lo mismo se aplica a ella. A los primeros se les amenaza, encarcela, golpea, asesina o desaparece, mientras a la segunda se le extrae el agua que es la sangre que la alimenta y nos alimenta; se le contamina con los químicos que a diario se le arrojan y se le extraen los minerales, que es como extraerle los órganos que le dan vida. Eso me expresa un campesino como justificación de su oposición y la de sus compañeros a que en el territorio de su pueblo se construyan presas hidroeléctricas, se instalen las empresas mineras para extraer el oro; las petroleras que buscan hacerse del petróleo después que diputados y senadores modificaron la Constitución para que ya no haya prohibición de que las empresas privadas se apoderen de él.

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Zacualpan: un pueblo contra la minería

Aquí hay oro y quien sabe cuántos metales más; pero desgraciado el que se le ocurra trabajarlos, porque hará infelices a estos ranchos y traerá un sinfín de calamidades. La frase es de Agustín Yáñez, el escritor tapatío autor de Las tierras flacas, donde retrata los efectos que provoca la modernidad en los pueblos rurales y advierte acerca de los nocivos efectos de la industria minera sobre los seres vivos y la naturaleza toda. En Zacualpan, comunidad nahua ubicada en el municipio de Comala, el lugar que Juan Rulfo inmortalizó en su Pedro Páramo, lo saben. Desde hace meses sus habitantes luchan por echar abajo dos concesiones que autorizan a sus titulares extraer oro, plata, hierro, cobre y manganeso, sobre una extensión de 200 hectáreas, de las 360 que el gobierno federal ha otorgado en el estado, que abarcan prácticamente todo su territorio.

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Minería: cambiar el modelo extractivo

Hace 21 años los neoliberales que gobiernan México modificaron el sistema jurídico que regula las actividades mineras, para cambiar sustancialmente las formas de apropiación de esta riqueza nacional y que en lugar de beneficiar a los mexicanos pasara a satisfacer la voracidad de las empresas transnacionales. En enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para permitir la entrada del capital privado al campo y autorizar a los ejidos la venta y arrendamiento de sus tierras. Para junio de ese mismo año aprobaron una nueva Ley Minera que entre otras cosas calificó esta actividad de utilidad pública y preferente, concentró las concesiones en una sola, con duración de 50 años prorrogables por otro término igual. Igualmente se modificó la Ley Agraria para permitir contratos de arrendamiento de tierras por más tiempo que el estipulado en el Código Civil; la Ley de Aguas Nacionales para poner este líquido, indispensable para la vida, al servicio de las mineras, y la Ley de Inversión Extranjera para equiparar las empresas mexicanas a las extranjeras con una sola declaración de éstas.

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Geografía de la represión y la resistencia

Amenazas a Pedro Martínez y su familia, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, por su participación en la lucha contra la minería en José del Progreso; agresiones a mano armada contra Celestino Bartolo Terán y amenazas a su hija Sara Bartolo, en el istmo de Tehuantepec, por su participación en la lucha contra las empresas eólicas; ejecución de Félix Martínez Santiago, líder de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), ocurrido este 15 de mayo en la comunidad de Tierra Blanca, San Vicente Loxicha, todos en el estado de Oaxaca; amenazas de muerte a la abogada Estela Ángeles Mondragón, por defender comunidades rarámuris de la invasión de sus tierras por ganaderos, en el estado de Chihuahua; desaparición de Teodulfo Torres Soriano El Tío desde el 24 de marzo, en el Distrito Federal; son casos que configuran parte de la geografía de la represión en este México. No son los únicos, pero muestran que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una respuesta sistemática a la resistencia de los pueblos contra el despojo o la imposición, que se extiende por todo el territorio mexicano.

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Pacto por México, partidos y minería

Los partidos políticos que firmaron el Pacto por México con el gobierno federal incluyeron dentro de sus compromisos elaborar una nueva ley de explotación minera para lo cual se debía revisar el actual esquema de concesiones y el pago de derechos federales vinculados a la producción, mismos que se aplicarían prioritariamente en beneficio de los municipios y las comunidades donde se ejecutaran los proyectos mineros, con la propuesta de contener la protesta social por los efectos nocivos a la minería y atender las recomendaciones de las instituciones internacionales.

Así, atender el actual esquema de concesiones mineras se entiende como revisar lo que se paga por ellas, no su naturaleza ni el tiempo de duración ni los lugares donde puede extenderse. En ese mismo sentido, hablar del pago de derechos federales no implica pagar impuestos ni ninguna otra contribución estatal.

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Invasión anticonstitucional de la minería en México

México. La forma en que actualmente se desarrolla la actividad minera, amparada por la legislación, es contraria a las disposiciones de la Constitución y a los derechos al agua, la alimentación y la autonomía. Es necesario reformar las leyes para ajustarlas a un verdadero interés nacional.

La minería es una industria floreciente. De acuerdo con las cifras del Banco de México, desde hace tres años pasó a ocupar el cuarto lugar en la generación de divisas, sólo superada por los ingresos de la industria automotriz, el petróleo y las remesas. La incidencia de la industria minera en la economía mexicana comenzó a tener importancia en la década de los noventa, después de la reforma al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dos hechos importantes en el futuro de la industria minera: el primero permitió el cambio en la orientación de la legislación minera, mientras el segundo marcó las pautas de lo que debería aprobarse. El contenido de ambos marcó los nuevos enfoques de políticas públicas del estado mexicano en este sector.

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