Los Derechos Indígenas y la Reforma Constitucional en México

El día 14 de agosto del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que adicionó un segundo y tercer párrafos al artículo 1o, reformó su artículo 2o derogó el párrafo primero del artículo 4o, adicionó un sexto párrafo al artículo 18 y otro a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Históricamente, se trata de la segunda reforma realizada a la Constitución Federal tratando de reconocer los derechos de los pueblos indígenas de México y de la más debatida y cuestionada en la historia del constitucionalismo mexicano.

El ABC de la reforma energética y formas de sobrevivir a ella

La sociedad mexicana camina como aturdida. Y no es para menos. La reforma energética –su contenido y la manera en que se procesó– y la propaganda que siguió para justificar sus pretendidas bondades, son golpes que pasman, dejándolo a uno anonadado y sin saber qué hacer. El efecto es preocupante: la mayoría de mexicanos no le cree a los que dicen que es una medida que nos sacará de pobres, pero su incredulidad se extiende al grado de no informarse qué ha pasado realmente y, sobre todo, qué podemos hacer para resistirnos a vivir un futuro que no queremos.

La segunda desamortización de las tierras

Las reformas legales que en estos días se están consumando en el Congreso de la Unión para transformar profundamente el régimen de extracción del petróleo y el gas, así como la generación de energía eléctrica, representan una segunda desamortización de las tierras y los recursos naturales, similar a la que se vivió en el país en el siglo XIX, pero mas profunda. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desamortizar es poner en estado de venta los bienes de manos muertas, mediante disposiciones legales.

La revolución de los ricos

Las iniciativas de reforma constitucional que en materia de energía y petróleo han presentado el Partido Acción Nacional y el presidente de la República, mismas que el Poder Legislativo se apresta a discutir, representan una continuidad de la que en 1991 presentara Carlos Salinas de Gortari para permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales y la entrada del capital en ellas.