El secuestro de Mario Luna Romero

Fue una arbitrariedad y una humillación innecesaria. Mario Luna Romero, el secretario de la autoridad de la tribu yaqui, fue detenido el 11 de septiembre pasado en la Ciudad Obregón por la policía del estado de Sonora con exceso de fuerza, como si se tratara de un peligroso delincuente. En una operación quirúrgica digna de mejor uso, un vehículo blanco sin logotipo oficial le cerró el paso a la camioneta en que viajaba, mientras otras tres unidades lo rodeaban y desde ellas personas vestidas de civil le gritaban que bajara con las manos en alto. Cuando lo hizo, lo subieron a una de sus unidades y sin mostrar una orden de detención ni explicarle la causa por la que lo detenían, lo trasladaron a la Procuraduría General de Justicia del estado y de ahí a una pista custodiada por el Ejército, donde le colocaron esposas en pies y manos y así lo subieron a una avioneta para trasladarlo a la ciudad de Hermosillo. Todo este tiempo prácticamente estuvo en calidad de secuestrado.

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El ABC de la reforma energética y formas de sobrevivir a ella

La sociedad mexicana camina como aturdida. Y no es para menos. La reforma energética –su contenido y la manera en que se procesó– y la propaganda que siguió para justificar sus pretendidas bondades, son golpes que pasman, dejándolo a uno anonadado y sin saber qué hacer. El efecto es preocupante: la mayoría de mexicanos no le cree a los que dicen que es una medida que nos sacará de pobres, pero su incredulidad se extiende al grado de no informarse qué ha pasado realmente y, sobre todo, qué podemos hacer para resistirnos a vivir un futuro que no queremos. Intento aquí dar algunas respuestas.

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El gobierno sonorense escala el enfrentamiento con la tribu yaqui

Sonora arde. A la contaminación del río Bacanuchi por el derrame de sustancias tóxicas usadas por la minera Buenavista del Cobre, propiedad del Grupo México; las declaraciones de que el incendio de la guardería ABC –que terminó con la vida de 49 niños y niñas y lesionó de manera permanente a otros 76– pudo haber sido provocado por funcionarios del anterior gobernador del estado, Eduardo Bours; los desencuentros del actual gobernador, Guillermo Padres Elías, con el gobierno federal por los señalamientos de los delegados de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) de que el gobernador se habría construido una presa particular mientras los sonorenses padecen la falta de agua para consumo humano, ahora se suma el escalamiento del enfrentamiento con los miembros de la tribu yaqui, que desde hace cinco años vienen luchando en defensa de su territorio y su agua.

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Extractivismo y violencia de género en Guatemala

Grave, pero cierto. La maquinaria estatal con que los finqueros guatemaltecos reprimieron las luchas populares y la resistencia armada en los años 80, produciendo uno de los más feroces genocidios en los tiempos recientes, sigue existiendo y se encuentra muy activa. Es más, en tiempos de discursos democráticos y multiculturales, como los actuales, ha desarrollado nuevas formas de violencia física y moral contra quienes defienden sus derechos y denuncian a las grandes empresas que atentan contra sus vidas y las de sus comunidades. El trasfondo de estas prácticas, como sucede en toda América Latina, es la actividad extractivista de empresas con grandes capitales trasnacionales, a quienes lo único que les interesa es amasar grandes riquezas en el menor tiempo posible. Despojar de su patrimonio a las comunidades es la mejor forma que han encontrado para lograr sus propósitos, y cuando sus integrantes se defienden los criminalizan, no importa que sean mujeres.

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Género y criminalización de la protesta social

Cada día son más las mujeres que participan en la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y por lo mismo, sobre ellas también recae la política represiva del gobierno. A los encarcelamientos, detenciones y amenazas de muchas de ellas hay que agregar la criminalización de quienes son procesadas judicialmente por su participación en las luchas de los pueblos contra el despojo. Ese es el caso de Lucila Bettina Cruz Velásquez, zapoteca, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio y de la Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, quien es procesada en el juzgado sexto de distrito en el estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y contra el consumo y la riqueza nacional.

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La segunda desamortización de las tierras

Las reformas legales que en estos días se están consumando en el Congreso de la Unión para transformar profundamente el régimen de extracción del petróleo y el gas, así como la generación de energía eléctrica, representan una segunda desamortización de las tierras y los recursos naturales, similar a la que se vivió en el país en el siglo XIX, pero mas profunda. De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desamortizar es poner en estado de venta los bienes de manos muertas, mediante disposiciones legales. No otra cosa representan las reformas que están aprobando al vapor los diputados y senadores que juraron defender las leyes mexicanas, con el agravante de que, igual que hace casi siglo y medio, los recursos no están en manos muertas, es decir improductivos, sino limitada su entrada al mercado porque su fin, cuando se regularon, era que sirvieran al bienestar de los mexicanos.

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Autoritarismo gubernamental y judicialización de los derechos

El autoritarismo de la administración federal y de los estados de la República está obligando a los mexicanos –ciudadanos, organizaciones y comunidades indígenas– a acudir a los tribunales como una forma de defender sus derechos patrimoniales, de los que desde hace años se les despoja sin ningún recato para favorecer a las empresas que buscan apropiarse de él. La violación de los derechos humanos reconocidos en la Constitución federal y los tratados internacionales es de tal magnitud que cada día son más los tribunales administrativos, agrarios y de amparo que dan la razón a los reclamantes, ordenan proteger sus derechos y requieren a las autoridades responsables para que dejen de realizar los actos que los violentan. Pero lo que las autoridades judiciales dan al dictar sus resoluciones lo quitan las ejecutivas a la hora de dar cumplimiento a ellas.

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Zacualpan: un pueblo contra la minería

Aquí hay oro y quien sabe cuántos metales más; pero desgraciado el que se le ocurra trabajarlos, porque hará infelices a estos ranchos y traerá un sinfín de calamidades. La frase es de Agustín Yáñez, el escritor tapatío autor de Las tierras flacas, donde retrata los efectos que provoca la modernidad en los pueblos rurales y advierte acerca de los nocivos efectos de la industria minera sobre los seres vivos y la naturaleza toda. En Zacualpan, comunidad nahua ubicada en el municipio de Comala, el lugar que Juan Rulfo inmortalizó en su Pedro Páramo, lo saben. Desde hace meses sus habitantes luchan por echar abajo dos concesiones que autorizan a sus titulares extraer oro, plata, hierro, cobre y manganeso, sobre una extensión de 200 hectáreas, de las 360 que el gobierno federal ha otorgado en el estado, que abarcan prácticamente todo su territorio.

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La geografía de los nuevos movimientos sociales

Comienza el año y con él llegan los vientos. Son vientos frescos nacidos de unos pueblos que se mueven porque no quieren dejar de serlo. Vienen de muchas partes del país, desde los desiertos y sierras del norte, hasta los valles y las selvas del sureste mexicano. Son vientos que provocan los pueblos organizados que han decidido luchar para enfrentar la imposición de políticas gubernamentales que si no se detienen van a acabar con ellos. Son vientos fuertes porque, a diferencia de años pasados, donde cada pueblo luchaba por su propia demanda, ahora van juntando su caminar, que al final tiene el mismo objetivo. Sus demandas son las mismas de hace décadas, lo que si es novedosa es la manera en que se están organizando. Como que van encontrando su camino.

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Policías comunitarias y autodefensas: una distinción necesaria

Ha pasado un año de que en México comenzaron a surgir las policías comunitarias y grupos de autodefensa como una forma de enfrentar la inseguridad, generada por la incapacidad de los órganos del gobierno de cumplir con su obligación de brindar seguridad a la población. El fenómeno comenzó a notarse desde noviembre de 2012, apenas unos meses después de que se decidió la elección de Presidente de la República. En varios entidades federativas, marcadamente Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca, comenzaron a mostrarse públicamente diversas policías comunitarias y grupos de autodefensa; después se supo que muchas de ellas no eran tales sino grupos formados por políticos profesionales para posicionarse frente a sus adversarios y desaparecieron. Detrás del fenómeno, se especuló, podía encontrarse el general colombiano Óscar Naranjo, ligado a grupos paramilitares en Colombia y en ese entonces asesor en materia de seguridad del presidente electo de México.

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