La reforma que viene

Todavía no nos reponemos del atropello que los integrantes del Congreso de la Unión cometieron contra el pueblo mexicano, al reformar la Constitución federal para poner la extracción del petróleo mexicano y la producción de energía en sus distintas modalidades en manos de los extranjeros, sin siquiera respetar el procedimiento y menos sin tomar en cuenta su opinión, como sucedería en un régimen democrático, y ya se mira venir otra.

Minería: cambiar el modelo extractivo

Hace 21 años los neoliberales que gobiernan México modificaron el sistema jurídico que regula las actividades mineras, para cambiar sustancialmente las formas de apropiación de esta riqueza nacional y que en lugar de beneficiar a los mexicanos pasara a satisfacer la voracidad de las empresas transnacionales. En enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para permitir la entrada del capital privado al campo y autorizar a los ejidos la venta y arrendamiento de sus tierras.

Reforma energética y derechos de los indígenas

Aunque no se les nombra, las iniciativas de reforma constitucional en materia de extracción del petróleo y generación de energía eléctrica presentadas por el Presidente de la República y diversos partidos políticos, afectan los derechos de los pueblos indígenas, de tal manera que resulta irresponsable y peligroso no señalarlas y advertir de las reacciones que pueden generar entre los afectados si se concretan tal como han sido propuestas.

La revolución de los ricos

Las iniciativas de reforma constitucional que en materia de energía y petróleo han presentado el Partido Acción Nacional y el presidente de la República, mismas que el Poder Legislativo se apresta a discutir, representan una continuidad de la que en 1991 presentara Carlos Salinas de Gortari para permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales y la entrada del capital en ellas.

El derecho de los indígenas a la consulta y las políticas de gobierno

Uno de los instrumentos jurídicos que más han esgrimido los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y los recursos naturales es la consulta y el consentimiento previo, que se regula tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales.

Aguas turbias sobre El Zapotillo

Las esperanzas que los habitantes de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, vieron surgir con la llegada de un priísta al gobierno del estado, por mucho tiempo gobernado por los panistas, están desapareciendo, devoradas por las turbias aguas de la política y los intereses que rodean la cancelación o reducción de la cortina de la presa El Zapotillo a su altura primigenia, con la finalidad de evitar que inunde el pueblo y al final lo desaparezca.

Geografía de la represión y la resistencia

Amenazas a Pedro Martínez y su familia, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, por su participación en la lucha contra la minería en José del Progreso; agresiones a mano armada contra Celestino Bartolo Terán y amenazas a su hija Sara Bartolo, en el istmo de Tehuantepec, por su participación en la lucha contra las empresas eólicas; ejecución de Félix Martínez Santiago, líder de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), ocurrido este 15 de mayo en la comunidad de Tierra Blanca, San Vicente Loxicha, todos en el estado de Oaxaca; amenazas de muerte a la abogada

Tee Iso Tiñu Ñuú Siki

Los mixtecos y la región de donde son originarios, tal como existe en el imaginario gubernamental y en la mayoría de los mexicanos, son una invención. Los pueblos denominados mixtecos se nombran a ellos mismo ñuú savi o na savi, según las variantes lingüísticas más conocidas, y a su lugar de origen lo llaman nuhu savi. El ñuú es el pueblo y el ñuhu el territorio, dos conceptos alrededor de los cuales gira su vida comunitaria, tan importantes e interdependientes que la existencia de uno es impensable sin la del otro y la transformación del primero también alcanza al segundo.

Pacto por México, partidos y minería

Los partidos políticos que firmaron el Pacto por México con el gobierno federal incluyeron dentro de sus compromisos elaborar una nueva ley de explotación minera para lo cual se debía revisar el actual esquema de concesiones y el pago de derechos federales vinculados a la producción, mismos que se aplicarían prioritariamente en beneficio de los municipios y las comunidades donde se ejecutaran los proyectos mineros, con la propuesta de contener la protesta social por los efectos nocivos a la minería y atender las recomendaciones de las instituciones internacionales.

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