La reforma que viene

Todavía no nos reponemos del atropello que los integrantes del Congreso de la Unión cometieron contra el pueblo mexicano, al reformar la Constitución federal para poner la extracción del petróleo mexicano y la producción de energía en sus distintas modalidades en manos de los extranjeros, sin siquiera respetar el procedimiento y menos sin tomar en cuenta su opinión, como sucedería en un régimen democrático, y ya se mira venir otra.

Fue el propio Presidente de la República quien se encargó de anunciar una reforma profunda al campo. Pareciera que quienes creíamos que con la reforma energética se cerraba el segundo ciclo de estas transformaciones neoliberales, vamos a tener que rectificar porque, envalentonados por la división de la izquierda y las fuerzas progresistas, los nuevos priístas y panistas, apoyados por la izquierda parlamentaria, quieren aprovechar para profundizar sus reformas. No vaya a ser que en una de esas el pueblo reaccione y les eche a perder sus planes.

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Minería: cambiar el modelo extractivo

Hace 21 años los neoliberales que gobiernan México modificaron el sistema jurídico que regula las actividades mineras, para cambiar sustancialmente las formas de apropiación de esta riqueza nacional y que en lugar de beneficiar a los mexicanos pasara a satisfacer la voracidad de las empresas transnacionales. En enero de 1992 modificaron el artículo 27 constitucional para permitir la entrada del capital privado al campo y autorizar a los ejidos la venta y arrendamiento de sus tierras. Para junio de ese mismo año aprobaron una nueva Ley Minera que entre otras cosas calificó esta actividad de utilidad pública y preferente, concentró las concesiones en una sola, con duración de 50 años prorrogables por otro término igual. Igualmente se modificó la Ley Agraria para permitir contratos de arrendamiento de tierras por más tiempo que el estipulado en el Código Civil; la Ley de Aguas Nacionales para poner este líquido, indispensable para la vida, al servicio de las mineras, y la Ley de Inversión Extranjera para equiparar las empresas mexicanas a las extranjeras con una sola declaración de éstas.

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Reforma energética y derechos de los indígenas

Aunque no se les nombra, las iniciativas de reforma constitucional en materia de extracción del petróleo y generación de energía eléctrica presentadas por el Presidente de la República y diversos partidos políticos, afectan los derechos de los pueblos indígenas, de tal manera que resulta irresponsable y peligroso no señalarlas y advertir de las reacciones que pueden generar entre los afectados si se concretan tal como han sido propuestas. Como sucedió en la reforma de 1992 al artículo 27 constitucional, ahora también se les ignora, tal vez pensando que nada tienen que decir sobre una medida de vital importancia para el futuro del país y los mexicanos, entre quienes se cuentan los pueblos indígenas. Pero sí tienen que decir y mucho, en primer lugar porque el petróleo es propiedad de todos los mexicanos y la generación de energía eléctrica es responsabilidad Estado; en segundo, porque tienen reconocidos derechos específicos que el Estado está obligado a respetar.

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La revolución de los ricos

Las iniciativas de reforma constitucional que en materia de energía y petróleo han presentado el Partido Acción Nacional y el presidente de la República, mismas que el Poder Legislativo se apresta a discutir, representan una continuidad de la que en 1991 presentara Carlos Salinas de Gortari para permitir la privatización de las tierras ejidales y comunales y la entrada del capital en ellas. En ese sentido, las mencionadas iniciativas constituyen la segunda etapa de la revolución de los ricos, como Carlos Tello y Jorge Ibarra denominan a la etapa neoliberal del capitalismo mundial, proceso que en nuestro país tiene más o menos tres décadas de estarse implementando y que a pesar de sus nocivos efectos en la sociedad ningún gobierno acierta a modificar el rumbo, sino al contrario, buscan profundizarlo para llevarlo hasta sus últimas consecuencias.

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El derecho de los indígenas a la consulta y las políticas de gobierno

Uno de los instrumentos jurídicos que más han esgrimido los pueblos indígenas en defensa de sus territorios y los recursos naturales es la consulta y el consentimiento previo, que se regula tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales. Lo utilizan frente a las autoridades administrativas y cuando éstas no los escuchan lo llevan ante los tribunales de amparo, quienes, más sensibles a lo que las leyes disponen, comienzan a darles la razón, ordenando la suspensión del acto reclamado que les causa perjuicio, como en los casos de Wirikuta, en San Luis Potosí; o San Dionisio del Mar, en Oaxaca; mientras en otros, como Huetosachi, Chihuahua, hasta dictan sentencias definitivas.

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Aguas turbias sobre El Zapotillo

Las esperanzas que los habitantes de Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, vieron surgir con la llegada de un priísta al gobierno del estado, por mucho tiempo gobernado por los panistas, están desapareciendo, devoradas por las turbias aguas de la política y los intereses que rodean la cancelación o reducción de la cortina de la presa El Zapotillo a su altura primigenia, con la finalidad de evitar que inunde el pueblo y al final lo desaparezca. El 28 de enero el nuevo titular del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), dijo que el futuro de la presa El Zapotillo y por lo mismo el de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, dependían del entonces gobernador electo del estado, porque el gobierno federal actuaba en coadyuvancia de él para atender las necesidades de agua en los estados de Jalisco y Guanajuato; al día siguiente el gobernador electo refrendó una promesa hecha durante su campaña de no inundar Temacapulín.

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Geografía de la represión y la resistencia

Amenazas a Pedro Martínez y su familia, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, por su participación en la lucha contra la minería en José del Progreso; agresiones a mano armada contra Celestino Bartolo Terán y amenazas a su hija Sara Bartolo, en el istmo de Tehuantepec, por su participación en la lucha contra las empresas eólicas; ejecución de Félix Martínez Santiago, líder de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), ocurrido este 15 de mayo en la comunidad de Tierra Blanca, San Vicente Loxicha, todos en el estado de Oaxaca; amenazas de muerte a la abogada Estela Ángeles Mondragón, por defender comunidades rarámuris de la invasión de sus tierras por ganaderos, en el estado de Chihuahua; desaparición de Teodulfo Torres Soriano El Tío desde el 24 de marzo, en el Distrito Federal; son casos que configuran parte de la geografía de la represión en este México. No son los únicos, pero muestran que no se trata de un fenómeno aislado, sino de una respuesta sistemática a la resistencia de los pueblos contra el despojo o la imposición, que se extiende por todo el territorio mexicano.

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Tee Iso Tiñu Ñuú Siki

Los mixtecos y la región de donde son originarios, tal como existe en el imaginario gubernamental y en la mayoría de los mexicanos, son una invención. Los pueblos denominados mixtecos se nombran a ellos mismo ñuú savi o na savi, según las variantes lingüísticas más conocidas, y a su lugar de origen lo llaman nuhu savi. El ñuú es el pueblo y el ñuhu el territorio, dos conceptos alrededor de los cuales gira su vida comunitaria, tan importantes e interdependientes que la existencia de uno es impensable sin la del otro y la transformación del primero también alcanza al segundo.
La base del ñuú es el tan’a, cuyo significado se asemeja a familia ampliada, marcada por el sa’a, trabajo que entre sus integrantes se prestan para la solución de sus problemas. En el tan’a también descansa el trabajo comunitario –tiñu ñuú– y las fiestas –viko–, dos actividades muy presentes entre los pueblos, que representan el sacrificio y el goce entre ellos.

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Pacto por México, partidos y minería

Los partidos políticos que firmaron el Pacto por México con el gobierno federal incluyeron dentro de sus compromisos elaborar una nueva ley de explotación minera para lo cual se debía revisar el actual esquema de concesiones y el pago de derechos federales vinculados a la producción, mismos que se aplicarían prioritariamente en beneficio de los municipios y las comunidades donde se ejecutaran los proyectos mineros, con la propuesta de contener la protesta social por los efectos nocivos a la minería y atender las recomendaciones de las instituciones internacionales.

Así, atender el actual esquema de concesiones mineras se entiende como revisar lo que se paga por ellas, no su naturaleza ni el tiempo de duración ni los lugares donde puede extenderse. En ese mismo sentido, hablar del pago de derechos federales no implica pagar impuestos ni ninguna otra contribución estatal.

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